Las diferentes administraciones públicas siguen colaborando alegremente con el sistema de esclavitud contemporáneo instaurado por las multinacionales del sector del ascensor.

Efectivamente, los diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas siguen regalando el dinero de todos para perpetuar un sistema que ahoga a los ciudadanos obligándoles a pagar mes a mes a una empresa privada, según la normativa vigente.

¿Cómo puede ser esto? Se preguntarán. Vamos a ver un ejemplo concreto: La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado un año más las subvenciones a la instalación de ascensores. Este año el premio se ha incrementado en 59.500€ respecto al año pasado. En total, el municipio madrileño destinará este año 315.500 euros a instalar ascensores en los edificios de la ciudad.

Cada bloque comunidad de vecinos podrá recibir hasta 9.500 euros o el 25% de la ejecución de las obras por cada proyecto de instalación de ascensor.

Si el ayuntamiento paga 9.500 euros por instalación de ascensor significa que el consistorio paga prácticamente la totalidad del coste de las obras, si tal como hemos visto recientemente, empresas como ORONA instalan ascensores de última tecnología por 13.000€. Claro que para la multinacional el negocio no está en montar el ascensor, si no en mantenerlo y sobre todo en repararlo.

Todas las comunidades de vecinos de Getafe que instalaron el ascensor el año pasado pueden solicitar estas subvenciones. Al menos en esta ocasión el ayuntamiento de Getafe ha sido un poco más previsor que otros consistorios y otorga las subvenciones una vez acabada la obra. En muchas otras ocasiones se da la subvención sobre plano y una vez cobrada por la empresa, si te he visto no me acuerdo. Casos como ese hay muchos, sin ir más lejos la barrabasada que la constructora Bañales le hizo a los vecinos de Can Puiggener o la infinidad de veces que multinacionales del sector del ascensor han presionado a los vecinos para que pidan las subvenciones y una vez obtenidas y cobradas, las obras se han alargado ad eternum.

En el fondo queremos pensar que las intenciones de los ayuntamientos son buenas y realmente muchos edificios de barrios obreros que se construyeron en su día sin ascensor, necesitan la instalación de un elevador para que sus vecinos, personas de la tercera edad en su mayoría, tengan derecho a su movilidad. Pero los mismos ayuntamientos deberían fiscalizar lo que se hace con el dinero que dan, porque no es suyo, si no de todos los vecinos, y no puede ser que acabe engrosando la cuenta de resultados de una multinacional sin haber solventado eficazmente los problemas de movilidad vertical de los barrios.

Por otra parte, como vivimos en un sistema esclavista en el sector del ascensor, los vecinos, empujados por la administración local, sin ellos saberlo, firman un pacto con el diablo que les va a obligar a pagar por un mantenimiento deficiente y por facturas a la carta hasta el fin de los días. Seguiremos informando

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