El sector del ascensor es muy goloso para todo tipo de estafadores y caraduras. En este medio de comunicación normalmente ponemos el ojo en las grandes multnacionales de la elevación, porque son las que más se aprovechan de su situación de fuerza para someter a los clientes mediante contrato como esclavistas del siglo XXI.

Pero desgraciadamente en este mundo hay mucha otra gente que ve la oportunidad de aprovecharse de las necesidades de los demás y de una administración que sólo mira por el beneficio de algunas empresas y piensan que ellos también tienen derecho a sacar tajada en este pastel.

Este es el caso de la empresa constructora Bañales, una compañía con sede en Barcelona y sin apenas presencia en internet que ha presuntamente ha cometido una terrible estafa en un popular barrio de Sabadell.

Les ponemos en situación: Más de 80 familias del barrio de Can Puiggener denunciaron ante la justicia ser víctimas de una estafa por la construcción de ascensores en diversos edificios del barrio. Según los afectados, la empresa Bañales los dejó  tirados, sin haber terminado la obra, pero tras haber recibido 400.000 € de pago.

Con la ley en la mano, esto es una estafa agravada, ya que se trata de un derecho fundamental, como es la vivienda y además la cantidad usurpada supera los 50.000€.  El abogado de las víctimas no tiene ninguna duda que la empresa urdió un plan para largarse con la pasta desde el principio.

Según el abogado, el modus operandi  mediante el que se urdió la trama comenzó al acordar la obra, cuando las diferentes escaleras del bloque decidieron instalar un ascensor. Y aquí es donde entra uno de los asuntos que muchas veces se repite. La construcctoras les convenció que podía solicitar una subvención pública para la instalación del ascensor, que sumado a sus tarifas bajas, iban a tener por fin un ascensor a precio de chollo. La constructora les convenció de contratar un crédito con Ibercaja que sufragara el costo de la obra.

Y aquí fue cuando empezó el calvario para los vecinos. Tras la concesión del crédito, aseguran que se podujo una extorsión por parte del arquitecto (de nombre Jordi A.) quien, según el abogado de los demandantes, es un cooperador necesario en la trama. LA extorsión consistía en amenazar a los vecinos con no continuar su trabajo si no pagaban.

De esta manera la constructora consiguió que varias comunidades de vecinos (de la calle Archidona números 2, 10 i 13; Ramon Jové número 7 y Santa Eulàlia números 45 i 47) sufragasen la práctica totalidad de la obra sin que esta apenas empezara. También acusan al arquitecto técnico de certificar ejecuciones de obra con un valor superior a la realidad y a la empresa construcctora de empezar sin disponer de la licencia de obra.

Un completo despropósito que, lamentablemente, es mucho más común de lo que desearíamos.

La constructora desapareció sin dejar rastro con poco más que la parte más primitiva de la obra en pie, pero con el dinero del crédito que los vecinos habían solicitado en los bolsillos.

Según una vecina llegó a recibir amenazas por parte de la empresa y del arquitecto y otros vecinos aseguran que el mismo arquitecto se les puso a llorar para pedirles recibir todo el dinero antes de empezar la obra. Según los presuntos estafadores “no tenían material para empezar la obra”… ni tampoco vergüenza para salir corriendo con los bolsillos llenos.

Se da la circunstancia de que este es un barrio popular de Sabadell, con muchos vecinos mayores con pensiones que apenas les da para vivir con dignidad, para que encima tengan que sufrir una estafa de este estilo.

Sigan atentos a Spúblico porque seguiremos informando acerca de este turbio asunto.

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