Hace unos días informábamos que la  justicia europea multó con 142 millones de euros a la multinacional finlandesa KONE por participar en un cartel de ascensores.  Como venimos denunciando desde hace tiempo la máquina de facturar, Kone, formaba parte junto con otras grandes compañías de un cártel para pactar precios buscando el lucro a costa de los clientes e incumpliendo flagrantemente la ley de la competencia.

Sin embargo la millonaria multa inicial se vio reducida drásticamente gracias a que KONE delató a sus socias de actividades criminales. La multinacional finlandesa se chivó de un acuerdo que habían alcanzado para saquear a placer los mercados de Bélgica y Luxemburgo, lo que le permitió librarse de las sanciones relativas a esos dos países. Sin embargo no pudo librarse de las multas por sus tropelías en Alemania y Holanda, donde sí cumplieron su objetivo durante un tiempo estafando a los consumidores.

El ejército de abogados de Kone interpuso un recurso ante el Tribunal General Europeo para tratar de anular la multa o reducir su importe, pero pincharon en hueso y el fallo en primera instancia ya desestimó todos sus argumentos y confirmó la multa.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia vuelve a desestimar el recurso de casación interpuesto por las sociedades del grupo Kone y confirma sus multas al considerar que en primera instancia no se cometió ningún error de derecho.

Estamos ante una muestra más de la dudosa moral de una empresa como KONE. Hasta ahora sabíamos que no tenían muchos escrúpulos al tratar a sus clientes como meros pagadores de facturas, preocupándose más de llenar sus arcas que del servicio, pero ahora hemos descubierto que además no son de fíar ni siquiera con sus compañeros con los que habían pactado estafar a los clientes europeos. Son el típico personaje de las películas de la mafia, que con tal de salvarse es capaz de delatar hasta a su madre.

Sorprende, sin embargo, la determinación de la justicia europea al castigar a KONE,  mientras que en España siguen actuando a sus anchas, creyendo que tienen poder ilimitado para cobrar lo que les de la gana a sus sufridos clientes y nadie, ni administración, ni FEEDA, ni siquiera las asociaciones de defensa de los consumidores hagan nada.

Seguiremos informando

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