Una de las principales preocupaciones de los propietarios de pisos en España son las okupaciones ilegales. Lo que empezó hace unos años con la apropiación ilegal de edificios abandonados por pate de colectivos antisistema, se ha convertido en la actualidad en un fenómeno generalizado. Hoy los okupas no sólo son jóvenes con ínfulas anarquistas, también hay familias, inmigrantes sin papeles, narcotraficantes…

Sin duda es un problema del que el estado se ha desentendido  e incluso ha sido alentado por parte del gobierno sociocomunista.

Ante este fallo por omisión del estado, la iniciativa privada siempre se abre camino, por este motivo han florecido multitud de empresas que han hecho del desalojo de okupas su modelo de negocio.

Una de las pioneras es Desokupa, liderada por el exguardia de seguridad Daniel Esteve. Su empresa recibe más de 300 peticiones al día, ha desalojado casi 5000 viviendas okupadas desde 2016 y da empleo a 90 personas en toda España.

Muchos ponen en duda sus métodos, expeditivos y contundentes (no en vano sus trabajadores son boxeadores de gran envergadura), pero ellos argumentan que actúan al 100% bajo el amparo de la ley. La empresa desarrolla su actividad en toda España (tiene “comandos” desplegados en Madrid, Barcelona, Bilbao, Baleares y Canarias) y sus honorarios empiezan a partir de los 3.000€. Un precio que puede salir a cuenta pagar teniendo en consideración el pozo sin fondos de pérdidas que puede suponer tener una propiedad okupada.

Sin embargo sus métodos no gustan a todo el mundo. En los últimos años Esteve ha  sido víctima de varios intentos de atentado mediante apuñalamientos, disparos y hasta una bomba. Él mismo reconoce que camina por la calle con chaleco antibalas.

¿Hasta que punto es lícita su labor? ¿Son válidos estos métodos al límite del matonismo para defender el derecho a la propiedad?

Juzguen ustedes mismos.

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