Fernando Simón ya ha puesto en entredicho su independencia como experto al anteponer los intereses  partidistas del gobierno a los criterios científicos. La más grave de todas fue la decisión de no cancelar la manifestación feminista del 8M porqué era un vehículo propagandístico de PSOE y Podemos, aunque después ha quedado claro que fue uno de los aceleradores de la epidemia. Hoy sabemos que los contagios hubieran descendido en un 60% de haber tomado medidas restrictivas antes del 8 de Marzo.

Después de eso vinieron muchos vaivenes con el uso de mascarillas y de test, siempre priorizando tapar la deficiente gestión de gobierno por encima de la salud pública. Ahora, el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha hecho gala de un nuevo ocultismo, al negarse a proporcionar los nombres de los 11 integrantes del comité de expertos que decide como avanza la desescalada en cada provincia.

Pero lo grave es que en este caso, haciéndole este favor al gobierno, está violando la legislación.  El artículo 11 de la Ley General de Salud Pública,  en su apartado  ‘Colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias’ destaca que «las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo»

Y continua «A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente».

De hecho están desarrollados «reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de los expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública».

¿Cómo podemos confiar en un grupo de expertos de los que no conocemos nada? Los ciudadanos debemos saber en manos de quien ponemos nuestra salud y la reactivación de la economía, es un derecho fundamental en un estado democrático, de otra forma no nos queda otra que sospechar de la imparcialidad y el criterio científico de ese comité de expertos.

Un ejemplo más de la deriva autoritaria de este gobierno. Seguiremos informando.

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