Por fin se va despejando el misterio de los kits de test rápidos traídos desde China. Ahora sabemos que el gobierno gastó 17 millones de Euros en los 640.000 test rápidos chinos que resultaron ser defectuosos. Es decir 26,5 euros cada uno, lo que viene siendo el doble del precio de mercado.

También acabamos de saber que la empresa encargada de comprar los test a la firma China Bioeasy fue la española Inter Pharma, que consiguió traer esos test pero pagando un sobreprecio de hasta un 116% más, ya que el precio real de estos suele rondar los 12 euros la unidad.

Que habían tangado al gobierno era algo evidente, pero el gobierno en lugar de ser transparente y reconocer el error, intentó opcarlo por todos los medios, empezando por ocultar el nombre de la empresa española responsable: Inter Pharma. 

Como ya informamos anteriormente, estos test, aunque no fueran defectuosos, no están recomendados para el diagnóstico, ya que tienen un alto margen de error. En cambio los test de laboratorio PCR si que son muy eficaces diagnosticando y aunque suelen tener un precio de hasta 60€ cada uno, el Estado en esa ocasión lo consiguió hacer bien y compró una cantidad enorme por 19€ la unidad. Sin embargo, teniendo la posibilidad de realizar muchos test PCR, no se tiene constancia de que se estén haciendo y en cambio siguen gastando dinero en comprar test rápidos a precios inflados. Cuando el estado podría hacer uso de los muchos laboratorios privados para realizarlos, tal como denuncia este técnico de análisis clínico.

Sabiendo esto ¿Alguien tiene interés en seguir comprando test rápidos a mayor precio? ¿hay alguna comisión por ahí que desconozcamos?

¿Qué va a pasar ahora con los 17 millones de euros gastados en unos test que no se van a usar?

Durante más de un mes el gobierno estuvo callado sin informar de la empresa española intermediaria. ¿Qué intentaba ocultar?

Ahora que conocemos que la empresa es Inter Pharma, también sabemos que tiene la Sede Social en Santa Coloma de Gramenet, feudo socialista Barcelonés, gobernado por Nuria Parlón, compañera en el PSC del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Pero la alargada sombra del PSC y sus empresas afines  no acaba aquí. Atención a esto: El gobierno ha encargado otra compra de material  por más de 260 millones  a la empresa FCS Selecto Products SL, con sede en Sant Cugat del Vallés y en Cantón, China.

Lo que resulta llamativo que es una de las administradoras solidarias de la empresa, Mayra Daga fue condenada por un delito de estafa agravada con 10 meses de cárcel y el pago de la responsabilidad civil, aunque la fiscalía había pedido para ella 4 años de cárcel. Daga fue la mano derecha de Josep Xicola en la compra y posterior vaciamiento de compañías en problemas financieros, entre otras, Fincas Corral o Nature Pack en Andalucía. Todas ellas empresas de la orbita del PSOE.

También resulta sospechosos que la FCS Select Product conste en en el registro mercantil como una empresa dedicada a la fabricación de artículos de márketing para el sector de las bebidas Premium. La empresa carecía de trabajadores en 2018 y cerró el ejercicio de ese año con un benficio de 69.078,56 euros tras facturar 963.713 euros. Teniendo en cuenta que el gobierno le acaba de encargar un pedido de 260 millones de euros, la empresa cerrará este año con una facturación 272 veces mayor. Un pelotazo vamos.

El gobierno debería dar explicaciones de por que se encarga una compra tan importante a una empresa tan pequeña y sin experiencia en la importación de material sanitario y que además es propiedad de una mujer con vinculaciones al PSC y un pasado de estafadora condenada.

Son ya muchas las dudas que se están generando con todo esto asunto y la percepción de que alguien se está forrando a costa del dinero público malgastado va tomando forma día a día. Y la actitud oscurantista del gobierno, cerrando el portal de la transparencia y amenazando  a los medios críticos no ayuda  a disipar las sospechas.

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