Una de las lacras que está conllevando esta pandemia es la proliferación de bulos. Cada día nos llegan miles de noticias falsas, recomendaciones médicas sin base científica o historias antiguas que tratan de hacer pasar por actuales. Por más que nos esmeremos, a veces es difícil no caer en la trampa. En twitter se han detectado más de un millón y medio de cuentas que manipulaban información sobre el coronavirus y se han borrado 1100 mensajes con información engañosa. Pero por donde más se cuelan los bulos es por whatsapp

A raíz de esto el gobierno de España se dispone a realizar cambios en el código penal para para frenar bulos y la utilización “criminal” de las redes. A priori todos estaríamos de acuerdo en que se vigilara la proliferación de noticias falsas, sobre todo las relativas a la salud de los ciudadanos, como en el caso del curandero Josep Pàmies, que sigue erre que erre con que el coronavirus se cura con lejía.

Pero la cosa no es tan sencilla, deberemos fiscalizar muy bien y vigilar que esta no sea una artimaña más de este gobierno coartar la libertad de expresión como si estuviéramos en China. Una cosa es vigilar lo bulos que ponen en peligro la salud pública y otra muy distinta amordazar a los medios críticos con el gobierno. ¿qué pasará si el día de mañana el gobierno decide que una información veraz y contrastada publicada por un medio de comunicación es un bulo? ¿Lo podrá cerrar con esa excusa?

Recordemos que esta no es la primera vez que el gobierno trata de poner coto a la libertad de expresión en internet. En noviembre del año pasado se aprobó  una ley sin precedentes en la democracia española. Antes, el ejecutivo tenía el poder de cerrar páginas web ante la sospecha de posibles delitos (por ejemplo páginas que promovían la piratería de música o películas) pero siempre mediante una orden judicial. Tras este decretazo digital, el Gobierno puede cortar internet en una zona concreta del nuestro país sin orden judicial previa, tan solo alegando una alteración del “orden publico”.

Todo un atropello a los derechos fundamentales y un atentado contra la constitución.

A nivel jurídico lo que se hizo fue adaptar el artículo 4 la actual Ley General de Telecomunicaciones, añadiendo la posibilidad de cortar las redes y comunicaciones por motivos de orden público. Algo que sitúa a España casi al nivel de China en materia de privación de libertades fundamentales.

Los ciudadanos y los medios independientes debemos estar extremadamente alerta para evitar que el poder abuse de la circunstancia excepcional que estamos viviendo para que controlen todos los aspectos de nuestra vida.

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