Resulta evidente el cambio en la gestión del problema de los manteros por parte de Ada Colau. Si en su primera legislatura destacó por una comprensión desmedida  y un mirar para otro lado constante, que permitió a este colectivo adueñarse de las calles, perjudicando gravemente el comercio legal local, en esta segunda legislatura, parece que el objetivo de la alcaldesa es librarse de ese sambenito a toda cosa.

En estas semanas la guardia urbana, los mossos y la policía portuaria han llevado a cabo un dispositivo especial con más de 100 agentes para expulsar a los manteros de la zona del Port Vell. Aunque si la presencia policial no es constante, los vendedores irregulares se vuelven a instalar en las calles por las noches.  

Este actitud contundente del consistorio contrasta con la permisividad de la que hizo gala la pasada legislatura, donde  se promovió una cooperativa de venta tutelada por el ayuntamiento, llamada Diomcoop a la que se destinó 800.000 € de dinero público. Poco después el consistorio firmaba un convenio con Diomcoop para un proyecto de ‘Mercados por la inclusión social, implementación y desarrollo del sistema integral cooperativo’: al que destinó 1.080.688,14 euros de 2017 a 2019 “para dar respuesta de forma integral a las necesidades de la comunidad subsahariana con posibilidades de regularizar su situación administrativa”.

Pero a la luz de los hechos, se ve claro que fue peor el remedio que la enfermedad, todas estas generosas ayudas crearon un efecto llamada, mediante el cual Barcelona pasó de tener 500 manteros vendiendo en las calles a 2000. Ahora es la policía la que tiene que hacer el trabajo sucio.

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